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Casi 2 millones de personas están detenidas en cárceles locales y prisiones estatales y federales, y las desigualdades raciales de la encarcelación en los Estados Unidos son abrumantes.
En 12 estados, más de la mitad de la población encarcelada es de raza negra. Las personas negras tienen un índice de encarcelamiento casi 5 veces más alto que las personas blancas en las prisiones estatales de los Estados Unidos.
La población latina también se ve afectada muchísimo más, con un índice de encarcelamiento en prisiones estatales de 2.5 veces más alto que el de las personas blancas. De hecho, el 50 por ciento de las causas federales por drogas son acciones legales en contra de personas clasificadas como hispanas, a pesar de representar tan solo el 17 por ciento de toda la población estadounidense.
El Brennan Center realiza un llamamiento al Congreso para que apruebe un nuevo programa de financiación federal de $1 mil millones de dólares —la Ley de Seguridad Pública y Reducción del Encarcelamiento (Public Safety and Prison Reduction Act)— que suministraría fondos a los estados con el objetivo de reducir la encarcelación innecesaria y, al mismo tiempo, promover políticas de justicia penal que sean justas y humanas y preserven la seguridad pública.
Los subsidios incentivarían a los estados a reducir su población penitenciaria en un 20 por ciento durante tres años, y los estados que lo logren recibirían tres años más de financiamiento. Los subsidios también obligarían a los estados a informar al gobierno federal sobre las formas en que gastaron los fondos y evaluar los resultados raciales, étnicos, socioeconómicos y de género de los programas y las políticas que se financiaron.
Por ejemplo, los subsidios financiarían la creación o expansión de programas penitenciarios que ayuden a las personas actualmente encarceladas a reintegrarse a sus comunidades con éxito. Los estados también podrían utilizar los fondos para crear o ampliar unidades de revisión de sentencias dentro de las fiscalías para abordar la sobrepoblación penitenciaria, las desigualdades raciales y las sentencias que se consideren extremas o desproporcionadas.
En las prisiones estatales y federales, unas 500,000 personas son puestas en libertad todos los años y, entonces, se encuentran con una red desconcertante de aproximadamente 45,000 leyes, políticas y sanciones administrativas que están dirigidas a personas con antecedentes penales, lo cual les dificulta reintegrase con éxito a sus comunidad. Algunas de estas medidas prohíben que cualquier persona previamente encarcelada pueda votar o formar parte de un jurado. Otras prohíben que cualquier persona con antecedentes penales pueda acceder a una educación o conseguir un buen trabajo.
El Brennan Center descubrió que las personas que estuvieron encarceladas tienen una reducción del 50 por ciento en sus ganancias anuales, lo cual suma casi medio millón de dólares durante el transcurso de sus vidas. Y para aquellas personas que son latinas o de raza negra, la pérdida promedio de ganancias durante sus vidas es aún mayor.
Las personas blancas con antecedentes penales pierden unos $270,000 en las ganancias de toda su vida, si se las compara con otras personas blancas de características socioeconómicas parecidas que nunca estuvieron encarceladas. En cambio, las personas previamente encarceladas de raza negra pierden casi $360,000 en las ganancias de toda su vida, y las personas latinas, más de $510,000, cuando se las compara con personas negras y latinas de características socioeconómicas parecidas que nunca estuvieron en prisión.
Pero quizá la peor parte es que muchas personas que hoy en día languidecen en las prisiones de nuestra nación no tienen por qué estar allí, ya que no representan ninguna amenaza a la seguridad pública. Por ejemplo, más del 10 por ciento de las personas encarceladas en nuestro país tiene como mínimo 55 años y la tasa de reincidencia en este grupo es extremadamente baja. Además, el 73 por ciento de las mujeres y el 55 por ciento de los hombres que están en prisiones estatales tienen al menos un problema de salud mental, muchos de los cuales no se tratan correctamente dentro de las paredes de una prisión.
El gobierno federal puede y debería cumplir un papel más activo a la hora de resolver estos problemas y no tiene que buscar muy lejos para encontrar la forma. Durante medio siglo, el gobierno federal ha utilizado su capacidad de crear subsidios para alentar a los estados a encarcelar a más gente e imponer sentencias más largas. De esta forma, los Estados Unidos se ha convertido en el país más punitivo del mundo, con importantes desigualdades raciales que se derivan de nuestro sistema de encarcelamiento masivo. En lugar de incitar a los estados a ser más draconianos, severos y destructivos, el gobierno federal puede rediseñar ese mismo método para revertir el curso y mejorar nuestro sistema.
Nuestra nación tiene las herramientas para reducir el encarcelamiento innecesario. Es imperativo que lo hagamos. Y este proceso comienza con la aprobación de la Ley de Seguridad Pública y Reducción del Encarcelamiento.
Traducción de Ana Lis Salotti.
